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PLD exige esclarecer muerte de Darlin Mercado Reyes y cuestiona resultados de la reforma policial.

La organización opositora reclama una investigación independiente, suspensión de los agentes involucrados y respuestas sobre los más de RD$8,389 millones destinados a la transformación de la Policía Nacional.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes que sea esclarecida “hasta sus últimas consecuencias” la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, ocurrida durante un procedimiento policial en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste. La organización política pidió una investigación penal independiente y transparente, la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación de todas las evidencias disponibles, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad y videos ciudadanos.

La posición fue presentada en una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, junto a Yván Lorenzo, José Dantés Díaz, Elías Cornelio y representantes de las comisiones de Seguridad, Defensa y Salud de la organización. El partido advirtió que no se puede continuar normalizando la pérdida de vidas durante intervenciones policiales que, según sostiene, pudieron resolverse mediante protocolos adecuados y un uso proporcional de la fuerza.

La muerte de Darlin Mercado Reyes ha reactivado un debate que no es nuevo en República Dominicana: ¿está preparada la Policía Nacional para manejar situaciones de tensión sin que estas terminen en tragedia?

El PLD sostiene que, ante una falta administrativa, como la ausencia de documentos de un vehículo, el deber de los agentes es aplicar los procedimientos establecidos por la ley. La respuesta estatal, plantea la organización, no puede derivar en una actuación que concluya con la muerte de un ciudadano.

La denuncia tiene una dimensión institucional importante. Cuando una intervención policial termina con una vida perdida, no solo se investiga la conducta de un agente o de un grupo de agentes; también queda bajo evaluación el sistema de formación, supervisión, mando, control interno y rendición de cuentas de toda la institución.

La exigencia de una investigación independiente busca evitar que el proceso sea percibido como una simple revisión interna. En casos de alto impacto social, la credibilidad de la investigación es tan importante como sus resultados. La ciudadanía necesita conocer qué ocurrió, quién tomó decisiones, si se respetaron los protocolos, qué evidencias existen y cuáles serán las consecuencias legales si se determina responsabilidad penal o disciplinaria.

Uno de los puntos más sensibles planteados por el PLD es el costo y la efectividad de la reforma policial. Según la organización, entre 2024 y 2025 el Estado dominicano destinó RD$8,389 millones a este proceso, una cifra que obliga a cuestionar qué cambios reales ha percibido la población en las calles.

El debate no se limita a uniformes nuevos, patrullas, equipos tecnológicos, aumentos salariales o ajustes administrativos. Esos elementos pueden ser necesarios, pero no garantizan por sí solos una transformación profunda de la cultura policial.

Una reforma policial efectiva debe reflejarse en el comportamiento cotidiano del agente que patrulla un barrio, responde a una denuncia, detiene a un ciudadano o interviene en un conflicto. La diferencia entre una policía moderna y una institución reactiva está en la capacidad de prevenir, mediar, desescalar tensiones y aplicar la fuerza únicamente cuando sea estrictamente necesario.

El PLD cuestiona que el proceso haya priorizado aspectos materiales y estructurales, mientras persisten denuncias sobre abusos, muertes en operativos y actuaciones que afectan la confianza ciudadana. Esta crítica coloca al Gobierno y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante una presión política: demostrar con indicadores verificables que la reforma ha mejorado la seguridad pública y ha reducido el uso indebido de la fuerza.

La organización recordó que en septiembre de 2025 alertó sobre un patrón creciente de muertes por intervención policial. Según el seguimiento periodístico citado por el PLD, en el primer semestre de ese año se registraron 82 muertes en presuntos intercambios de disparos.

Diez meses después, el partido afirma que medios de comunicación contabilizan 147 muertes a manos de agentes policiales. Aunque estas cifras requieren una verificación institucional detallada, el señalamiento evidencia una preocupación social creciente sobre la forma en que se desarrollan determinados operativos y sobre la necesidad de estadísticas oficiales claras, actualizadas y auditables.

La seguridad ciudadana no puede construirse sobre el miedo ni sobre la percepción de que una intervención menor puede convertirse en una situación fatal. El Estado tiene el deber de combatir la delincuencia, proteger a las víctimas y respaldar a los agentes que actúan correctamente, pero también debe garantizar que la autoridad se ejerza con legalidad, prudencia y respeto absoluto a los derechos humanos.

El caso Darlin Mercado Reyes tiene implicaciones que van más allá de un expediente judicial. En el plano político, la oposición busca convertir este hecho en una prueba del incumplimiento de las promesas de reforma policial realizadas desde 2020. El PRM prometió reducir la delincuencia en un 50% en dos años mediante una transformación de la Policía, una meta que ahora vuelve al centro del debate público.

En el ámbito social, cada muerte en una intervención policial debilita la confianza de comunidades que necesitan cooperar con las autoridades para prevenir el delito. Cuando los ciudadanos temen denunciar, identificarse ante un agente o colaborar con una investigación, la seguridad pública se vuelve más difícil y costosa.

También existe un impacto económico. La inseguridad y la desconfianza institucional afectan la inversión, el comercio local, el turismo y la calidad de vida. Un país que destina miles de millones de pesos a reformar su sistema policial debe poder mostrar resultados en reducción de violencia, mejor atención ciudadana, profesionalización de los agentes y disminución de denuncias por abusos.

La crisis de confianza en los cuerpos policiales no es exclusiva de República Dominicana. En distintos países de América Latina, las reformas policiales han enfrentado el mismo desafío: cambiar instituciones acostumbradas a modelos reactivos, militarizados o con débiles mecanismos de control.

Las experiencias internacionales muestran que las reformas más sostenibles combinan formación continua, salud mental para los agentes, supervisión externa, cámaras corporales, protocolos claros de uso de la fuerza, investigación independiente y sanciones efectivas cuando se cometen abusos.

La capacitación en manejo de crisis, mediación de conflictos, control emocional y derechos humanos no debe verse como un complemento opcional. Debe ser el núcleo de una política pública que entienda que la misión de la Policía es proteger vidas, no aumentar el número de tragedias.

La muerte de Darlin Mercado Reyes obliga a una respuesta seria, transparente y verificable de las autoridades. El reclamo del PLD no se limita a identificar responsabilidades en un caso específico; también cuestiona si la reforma policial ha logrado transformar la manera en que se ejerce la autoridad en República Dominicana.

El esclarecimiento de este hecho será una prueba para el sistema de justicia, para la Policía Nacional y para el Gobierno. La ciudadanía espera respuestas, sanciones si corresponde y, sobre todo, garantías de que ningún dominicano o dominicana volverá a perder la vida en un procedimiento que pudo resolverse con protocolos, prudencia y respeto a la dignidad humana

EL FARO DOMINICANO