“Derroche que hipoteca el patrimonio público”: RD$29 mil millones en alquileres desata polémica polÃtica.
El PLD denuncia que el Gobierno ha destinado más de RD$29 mil millones a alquileres de locales desde 2021, mientras exige auditorÃas y una polÃtica nacional de infraestructura pública.
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Una fuerte controversia polÃtica se ha desatado luego de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunciara que el Gobierno ha gastado más de RD$29 mil millones en alquiler de locales desde 2021. La organización opositora advierte que esta cifra refleja un gasto “descontrolado” y una falta de planificación estructural, en un contexto de presiones económicas y demandas sociales insatisfechas.
El señalamiento central apunta a la sostenibilidad del gasto público. Según datos atribuidos a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el Estado ha destinado miles de millones al arrendamiento de inmuebles para dependencias gubernamentales, mientras áreas como salud, salarios públicos, infraestructura y servicios sociales siguen bajo presión.
La crÃtica del PLD no se limita al monto total, sino a la concentración del gasto: alrededor del 80% del presupuesto en alquileres se concentra en 20 instituciones. Esto sugiere no solo un problema de volumen, sino de gestión y distribución.
La organización opositora también plantea una preocupación adicional: la contratación de proveedores sancionados previamente por irregularidades. Esto abre un frente sensible en términos de transparencia, ética pública y posibles conflictos administrativos o legales.
PolÃticamente, la denuncia alimenta el debate sobre la eficiencia del gasto estatal y la transparencia en la contratación pública. Desde el punto de vista económico, el pago recurrente de alquileres puede limitar la inversión en activos propios del Estado, generando dependencia financiera a largo plazo.
Socialmente, el tema conecta con una percepción ciudadana recurrente: la distancia entre el gasto público y las necesidades inmediatas de la población. En un contexto de demandas por mejores servicios públicos, la narrativa de “gasto improductivo” puede tener un fuerte impacto en la opinión pública.
El debate sobre el alquiler versus la construcción o adquisición de inmuebles públicos no es exclusivo de República Dominicana. Gobiernos de distintos paÃses enfrentan dilemas similares entre flexibilidad operativa y consolidación patrimonial. Sin embargo, la transparencia, planificación y auditorÃa constante suelen ser los factores que determinan la percepción pública y la legitimidad del gasto.
Más allá de las cifras, el debate pone sobre la mesa preguntas fundamentales: ¿es sostenible el actual modelo de gasto en alquileres? ¿Existe una estrategia estatal de largo plazo en infraestructura? La respuesta a estas preguntas será clave para medir el impacto real de esta controversia y su repercusión en la confianza ciudadana.
EL FARO DOMINICANO
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